En el informe, publicado en enero de 2019, la asociación española de consultorías TI analiza el proceso de fijación de precios en las licitaciones y los parámetros de valoración de las ofertas. Asimismo, recomienda normalizar la puntuación técnica en las contrataciones públicas del ámbito tecnológico.

Los últimos años de recesión económica han llevado al sector público a una situación de extrema complejidad. No en pocas ocasiones el desequilibrio entre criterio técnico y económico han comprometido la calidad de las contrataciones. 

En este contexto, la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) ha publicado recientemente un análisis sobre el proceso de fijación de precios en las licitaciones y los parámetros de valoración de las ofertas públicas. El informe, titulado La relación calidad-precio en el sector TI y consultoría, toma como punto de partida la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 09/2017). Desde su entrada en vigor en marzo de 2018, la nueva normativa traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo. En términos generales, la ley establece una detallada regulación que tiene como finalidad lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio.

Licitaciones en el sector de consultoría TI

En el correspondiente informe, la AEC aporta información sobre los costes reales de los proyectos relacionados con el sector TI. La importancia de dicho informe radica en el hecho que “la calidad de los servicios de consultoría tecnológica se apoya fundamentalmente en el talento de los trabajadores del sector”. Asimismo, la asociación recuerda el contexto de escasez de profesionales cualificados y la consecuente necesidad de compensar al capital humano a través de las ofertas de contratación.

Si tal como establece la LCSP, se quieren obtener servicios de gran calidad, “el precio no puede ni debe ser el factor determinante en la adjudicación del contrato”. Según se desprende del informe, el Precio Base de Licitación (PBL) debe fijarse de tal forma que se adecue los precios de mercado (oferta y demanda). Además, la ley LCSP también contempla entre los criterios cualitativos, aspectos sociales y/o medioambientales vinculados al objeto del contrato.

Por otro lado, dicho documento analiza otras cuestiones como el peso del criterio precio, la fórmula que se utiliza para la valoración de la oferta económica y los criterios para establecer las ofertas anormalmente bajas, que deberían ser, en opinión de la AEC, bastante restrictivos.

Finalmente, concluye que, para asegurar un mínimo nivel de calidad técnica en las ofertas de la Administración, es preciso que el criterio técnico represente al menos un 50% del total de la valoración.

Según se desprende del informe, la definición de un presupuesto realista de acuerdo con los precios de mercado contribuirá, junto con la adecuada valoración de la calidad de las ofertas técnicas, a mejorar la calidad de las adjudicaciones.

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